Un tribunal federal negó el amparo solicitado por el capitán de infantería José Martínez Crespo, uno de los militares procesados por su presunta participación en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Martínez Crespo, quien perteneció al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, permanece recluido desde noviembre de 2020 en el Campo Militar 1-A.
Su defensa impugnó una resolución que ordenó analizar el proceso bajo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, legislación que contempla penas mayores a las establecidas inicialmente en el ámbito estatal.
El militar había sido procesado por desaparición forzada con base en la legislación vigente en Guerrero al momento de los hechos, que establecía sanciones de entre 30 y 50 años de prisión en circunstancias agravantes.
En julio de 2024, una jueza federal determinó que el expediente debía sujetarse a la legislación general vigente desde enero de 2018, que contempla penas de entre 40 y 70 años para el delito de desaparición forzada.
La defensa argumentó que aplicar esa legislación representaba una violación al principio constitucional de irretroactividad, debido a que los hechos comenzaron en 2014, antes de que entrara en vigor la norma federal.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación rechazó el argumento y sostuvo que la desaparición forzada es considerada un delito permanente o continuo, debido a que sus efectos permanecen mientras no se conozca el paradero o destino de la víctima.
Los magistrados señalaron que, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la conducta investigada continuaba produciendo efectos después de la entrada en vigor de la legislación federal, debido a que los jóvenes no habían sido localizados y no existía certeza sobre su destino. También concluyeron que aplicar la Ley General no supone crear un delito nuevo ni modificar de manera retroactiva una conducta que anteriormente no estuviera sancionada.
Con la resolución, se mantiene la aplicación de la legislación federal al proceso penal contra Martínez Crespo.
El caso de los 43 estudiantes llegará en septiembre a su aniversario número 12 sin que se haya esclarecido de manera plena su paradero y lo ocurrido durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
