En un fin de semana se decomisaron 22 drones en el estado de Tamaulipas

En el estado de Tamaulipas, la pelea entre grupos del crimen organizado se ha recrudecido ahora con el uso drones, para ello, los grupos delictivos han adquirido equipos para detectar estos artefactos e inmovilizarlos. 

Tan solo el fin de semana pasado se incautaron 22 de estos aparatos e inhibidores de vuelo, junto con 151 objetos explosivos.

Desde el año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado alertó sobre la incautación de al menos cinco drones pertenecientes a la delincuencia organizada.

Estos son utilizados como una especie de misiles a los que, de manera casera, se les adhieren explosivos que dejan caer sobre sus enemigos.

También se les atribuye un uso para la vigilancia de rivales y cuerpos de seguridad, contrabando, así como para provocar incendios.

La lucha por territorio que sostiene el grupo Escorpiones, de Matamoros, contra Los Metros, de Reynosa, ambos escisiones del Cártel del Golfo que operan en la frontera norte de Tamaulipas, ha dejado ver videos —que circulan en redes sociales— sobre la ventaja que les da el uso de esta tecnología para atacar de manera sorpresiva a sus rivales, principalmente en la zona de Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

Las imágenes podrían parecer de un videojuego como Call of Duty, pero no lo son.

La narrativa de los jóvenes que manejan estos aparatos deja claro que se trata de integrantes del CDG que aseguran haber dado en el blanco y eliminado a varios enemigos.

También hay evidencia de que los drones aparecen durante las balaceras; con ellos graban enfrentamientos y su visión nocturna ha permitido observar el uso en combate de los vehículos llamados “monstruos”, unidades fabricadas con blindaje artesanal.

Sin embargo, la adquisición de tecnología para tener ventaja en sus enfrentamientos también incluye la compra de detectores de drones, dispositivos que utilizan tecnologías como radar, radiofrecuencia, acústica y video para identificar y localizar drones, así como la ubicación de sus operadores. Pueden alertar sobre su presencia en tiempo real.

Los más comunes, explican elementos de corporaciones que han participado en los decomisos de estos aparatos, son los de radiofrecuencia, que detectan las señales de radio que los drones usan para comunicarse con su controlador.

Pero los hay más sofisticados, como los de radar, que tienen una cobertura más amplia y pueden detectar objetos voladores incluso si no transmiten señales, lo que resulta crucial para la seguridad.

Los grupos delictivos también han estado comprando inhibidores de drones, sistemas diseñados para detectar, rastrear, identificar y neutralizar estos aparatos.

Hay equipos que incluso tienen la capacidad de hacerlos caer o atraerlos para incautarlos. Se utilizan en entornos de alta seguridad para proteger contra amenazas como el envío de paquetes peligrosos, la contrainteligencia o ataques.

En el municipio de Reynosa, en acciones coordinadas entre la Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Operación Frontera Norte, se detuvo a un integrante de una célula delictiva que viajaba en un vehículo con reporte de robo.

Llevaba consigo 18 drones, un detector de drones y tres antidrones, para un total de 22 de estos artefactos, así como 151 objetos explosivos, dos artefactos explosivos improvisados, dos armas de fuego, 26 cargadores y 44 cartuchos.

De acuerdo con versiones extraoficiales, presuntamente se trataba de un operador de estos equipos que además tenía la labor de cargarlos con explosivos.

Los drones utilizados para labores de vigilancia, que integran visión nocturna, tienen un costo que va de los 9 mil a los 25 mil pesos, aunque hay modelos más caros dependiendo de su tamaño y la fidelidad de su cámara.

En el caso de los detectores de drones, su precio varía entre los 400 pesos —los más sencillos— y hasta los 300 mil pesos.

Un antidron puede costar entre 15 mil pesos y más de un millón, según el modelo, especifican las tiendas que los ofrecen.

En Tamaulipas, la Secretaría de Seguridad Pública ha reconocido que sus policías han sido atacados en al menos tres ocasiones con drones que transportaban explosivos.

Dos de esos ataques ocurrieron en octubre de 2024 y dejaron un saldo de tres elementos heridos —uno de gravedad—, así como un vehículo táctico dañado, en la zona de Río Bravo, municipio disputado por los Escorpiones y Los Metros.

La última agresión a la policía ocurrió el 7 de octubre de este año, cuando elementos que forman parte del Operativo Frontera Grande —que se despliega en los municipios de Miguel Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, la zona conocida como la Frontera Chica— realizaban un recorrido de vigilancia.

A la altura de la zona conocida como “Las Quintas” fueron atacados a balazos. Los efectivos comenzaron a perseguir a los civiles armados, quienes enviaron dos drones que dejaron caer explosivos. Aunque no detonaron, fueron decomisados.

Tras los problemas registrados en 2024 y ante la necesidad de armonizar el Código Penal estatal con el federal, el 14 de enero de este año la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó dos iniciativas de decreto para modificar el Código Penal, con el objetivo de establecer penas de prisión que van de siete a 15 años para quienes utilicen drones con fines delictivos.

En la justificación, los diputados argumentaron que la delincuencia había convertido los drones en aeronaves piloteadas a distancia utilizadas para contrabando, videovigilancia y como artefactos explosivos o para provocar incendios.

Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, explicó que esta ley se enfoca exclusivamente en el uso ilegal de drones, aclarando que quienes los utilicen con fines recreativos o para tomar fotografías y videos no estarán sujetos a sanción.

“Esta medida surge ante el creciente uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones criminales para el monitoreo de la policía y la manipulación de situaciones de seguridad. Con la nueva legislación, las autoridades buscan frenar el uso ilícito de drones y garantizar la seguridad en las operaciones de seguridad pública”, explicó.

Mientras tanto, autoridades de México y Estados Unidos han reforzado los operativos de seguridad fronteriza ante el incremento en la detección de drones utilizados con fines ilícitos a lo largo de toda la frontera, desde San Diego, California, hasta El Paso, Texas, incluyendo la franja fronteriza con Matamoros.

Roberto Domínguez Jr., jefe adjunto de Operaciones de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, confirmó que las agencias estadunidenses mantienen una estrecha coordinación con autoridades mexicanas para rastrear, identificar y neutralizar a las personas que emplean estos dispositivos de manera ilegal.

“Estamos trabajando en conjunto con las autoridades mexicanas para combatir la amenaza que representan los drones utilizados para diversas actividades ilícitas. Se trata de una situación que se ha detectado en varios puntos de la frontera y no está aislada a una sola región”, explicó.

En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional lanzó la licitación para la construcción de una pista militar para drones dentro de las instalaciones ubicadas en el municipio de Reynosa. Con ello, además, se anunció la compra de 36 drones, con una inversión de al menos cinco millones de pesos.

Desde 2020, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas anunció la adquisición de drones para equipar a su policía de élite, encargada de combatir los delitos de alto impacto.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), coloca a Tamaulipas como el estado con el mayor número de patrullajes con drones, con un total de 8 mil 790 recorridos, seguido de Hidalgo con 2 mil 597; Baja California Sur con 1 mil 639; Tabasco con 1 mil 095 y, en quinto sitio, Chihuahua con 1 mil 041.

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