Un par de días, circuló en redes sociales un video donde un grupo criminal que opera en la frontera norte de Tamaulipas obligaba a los choferes de pipas que habían cruzado legalmente por el puente Los Tomates, en Matamoros.
Al tirar el combustible que traían en sus compartimientos, proveniente de Texas. ¿La razón? No haber pagado derecho de piso. Fue así como en el video se podían apreciar decenas de pipas formadas a pie de carretera, en una brecha en Matamoros.
“O se alinean o se alinean”. Este hecho evidencia, de facto, el control que tienen algunos grupos criminales en negocios y giros económicos de los cuales disponen sin que ninguna autoridad se los impida.
La realidad de los cobros de piso traspasa cualquier terreno que uno se pueda imaginar, si se hace un recorrido en las localidades, en donde las víctimas de extorsión no pueden defenderse, ya que poner una denuncia implica, por una parte, arriesgarse no solo a perder su negocio, sino la vida sin que, por otra parte, las autoridades hagan lo propio cuando alguna víctima se arriesga a denunciar.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de imponer medidas de contención y sanciones que puedan hacer frente a este delito, que no es privativo del estado, y que se vuelve una fuente de recursos muy redituable para los grupos delictivos en la zona.
En Tamaulipas, los cobros de piso son una fuente de ingreso cautivo en algunos rubros, que, dependiendo la localidad y el giro, pueden generar ingresos mensuales que no podemos contabilizar.
En el caso de extorsiones al transporte, por ejemplo, los montos pueden alcanzar hasta los 20 millones de pesos, de acuerdo con fuentes locales consultadas en distintas zonas de la entidad, donde por ejemplo en este rubro se le cobra al sector del transporte público —aproximadamente 10 mil unidades solo en la zona sur—, una cuota diaria entre 400 y 600 pesos, donde por simple matemática podemos obtener un estimado de las ganancias para la criminalidad solo en este rubro.
La triste realidad es que ejemplos sobran. Entre los rubros en distintas partes del estado que pagan “cuota” están: comercio en gran parte de sus giros, transporte, alcohol —centros nocturnos—, sector pesquero, cobro de vía en carreteras, negocios, tianguis, migrantes, y un largo etcétera, todo logísticamente coordinado y controlado. Este es solo un pequeño retrato de lo que ocurre a nivel local en algunas partes del estado, donde hasta el momento las autoridades hacen caso omiso a una realidad que los rebasa.
El miércoles se presenció un hecho que devela los controles que, las organizaciones delictivas imponen cotidianamente a los ciudadanos sin ningún temor de represalias, porque simplemente no existen. La extorsión —cobro de derecho de piso— ha sufrido un incremento considerable no solo en Tamaulipas sino en varios estados del país y continúa en aumento.
Cada vez se amplían los sectores económicos afectados por este delito, sin que ninguna autoridad quiera o se atreva a intervenir. La extorsión no se inhibe con despliegues territoriales de militares o Guardia Nacional, como lo pretendieron en Michoacán —limoneros a aguacateros—, es un delito que se fortalece por inoperancia de la ley, cooptación, y en algunos casos de la mano de complicidad e incapacidad de las instituciones que gestionan la seguridad en los territorios, y que se alimenta de miedo, en donde las víctimas no tienen a quien recurrir. La contención del delito requiere de dos lados: denuncia ciudadana y acciones drásticas por parte de las autoridades… No le demos muchas vueltas.
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